La desaparición de menores no siempre responde a los patrones tradicionales de secuestro o fuga. En un mundo cada vez más interconectado, la globalización ha traído consigo nuevas formas de desaparición, entre ellas la sustracción parental. Este fenómeno, que ocurre cuando uno de los progenitores traslada al hijo sin el consentimiento del otro, se ha convertido en un problema creciente y complejo, agravado por la facilidad de movilidad entre países y las diferencias en las legislaciones internacionales.

España el país con más sustracción parental de Europa

A pesar del elevado número de diligencias por sustracción de menores en 2023 — 1.321 casos registrados—, solo 11 fueron catalogadas como graves y apenas 36 terminaron en condena. La diferencia entre la cifra de denuncias y sentencias expone la dificultad de llevar estos casos hasta una resolución judicial, evidenciando un fenómeno más extendido de lo que reflejan las estadísticas penales. La mayoría de estos conflictos, marcados por tensiones familiares, terminan diluyéndose entre trámites judiciales y acuerdos extrajudiciales, dejando al descubierto los retos del sistema para proteger a los menores.

En este contexto, organizaciones como NISDE desempeñan un papel crucial. Su labor se centra en apoyar a las familias afectadas, visibilizar estos casos y luchar por la vuelta de los menores a su entorno familiar. La sustracción parental no solo implica la violación de derechos legales, sino que también deja profundas secuelas emocionales en los niños, quienes a menudo quedan atrapados en conflictos judiciales y sentimentales.

La Asociación Niños Sin Derechos. Contra la Sustracción Internacional de Menores (NISDE) fue fundada por cuatro padres afectados por la sustracción parental de sus hijos, ante la ineficacia de las instituciones públicas para abordar esta problemática. También los tres directores de la fundación son víctimas de esta problemática que luchan a diario por resolver no solo sus casos, también los de las decenas de padres y madres que acuden a ellos.

“Estábamos sufriendo un desamparo de la estructura de estado y no había ningún departamento que daba ayuda en estos casos” confiesa Javier, uno de los fundadores y actual responsable de la asociación.

“Ahora en julio cumple 13 años”

Javier Somoza sabe muy bien de lo que habla, y es que no ve a su hijo desde el 6 de septiembre del 2016. Cuando su exmujer se llevó a Miguel, de 4 años, a Rusia, uno de los muchos países que muy difícilmente devuelve a los niños sustraídos, incumpliendo sistemáticamente el Convenio de La Haya.

En España, la elevada cantidad de casos de sustracción parental se debe, en gran parte, a la respuesta insuficiente del Estado y a la excesiva burocracia en estos procesos. Aunque el país es firmante del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, en la práctica, no acatan con los procedimientos establecidos.

“Borran nuestras peticiones o directamente no nos responden”

El sistema no funciona. Desde la asociación se denuncia que las instituciones, lejos de ofrecer respuestas ágiles, arrastran a los progenitores afectados a un laberinto burocrático del que pocos logran salir. “El sistema judicial no da respuestas efectivas”, afirma con contundencia Somoza, señalando la falta de coordinación entre administraciones y la inacción en demasiados casos.

Pero el problema va más allá de la lentitud. El enfoque de las autoridades se pierde en trámites y formalismos, dejando en un segundo plano lo verdaderamente importante: el bienestar de los niños.

A esta falta de acción se suma otro obstáculo crítico: la escasez de herramientas eficaces para localizar a los menores sustraídos. Somoza advierte que los recursos actuales no garantizan una actuación rápida, lo que alarga la separación y hace que la restitución se convierta en una carrera contrarreloj, con la infancia de los menores en juego, cuando “En estos casos los plazos son importantísimos” subraya Javier.

origen y soluciones

«El problema de las sustracciones de menores en España tiene un origen claro», afirma Somoza: la Instrucción núm. 10/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según esta normativa, el 90% de los casos se producen porque, en su sección tercera, establece que no es necesaria una autorización para que un menor pueda salir del país, mientras viaje acompañado por uno de sus progenitores o su tutor legal. Solo cuando el menor viaja sin acompañante o con una tercera persona, es obligatorio un permiso especial. Javier Somoza confiesa que desde NISDE llevan más de tres años luchando para cambiar esta regulación. «Es precisamente esta laguna legal la que facilita que, tantos niños sean sustraídos de España sin ninguna barrera efectiva», denuncia.

La solución que proponen desde la asociación es clara: exigir el permiso de ambos progenitores siempre que un menor salga del país, incluso si viaja con su padre o madre.

«No podemos seguir permitiendo que una normativa tan laxa facilite la separación forzosa de los menores de uno de sus progenitores», subraya Somoza.

​Otra de las causas que originan el crecimiento de este problema es la despenalización del incumplimiento del régimen de custodia y visitas en España, ocurrida en 2015, este hecho marcó un cambio significativo en el tratamiento legal de estas situaciones. Lo que antes se consideraba un delito, sancionado con multas, pasó a ser mayormente un asunto civil. Esta modificación ha generado debate, ya que algunos expertos la señalan como un factor que ha contribuido al aumento de las sustracciones parentales en el país.

«En NISDE el año pasado solo conseguimos recuperar cinco niños, y tres fue porque viajamos al país donde estaban»

Javier Somoza

Pese a la lucha y esfuerzo de la asociación, ganar esta batalla sin ayuda y sin la máxima colaboración de las instituciones es imposible. Los datos demuestran que la sustracción parental es un conflicto que difícilmente ve un final feliz.

“se Recuperan menos del 10% de los niños sustraídos”