Cristina Bergua, Marta del Castillo, Yéremi Vargas, David Guerrero conocido como el “niño pintor”, Josué Monge o Paco Molina son algunos de los nombres más reconocidos en España cuando se habla de menores desaparecidos. Todos ellos continúan en paradero desconocido y son un pequeño porcentaje de una gran problemática actual.

La desaparición de menores en España constituye un conflicto social de gran relevancia y sensibilidad, que afecta tanto a las familias que lo sufren en primera persona, como a la sociedad en su conjunto. A diferencia del fallecimiento, la desaparición es una herida abierta que no cicatriza, marcada por la incertidumbre y el dolor prolongado. Cada año, cientos de niños y adolescentes desaparecen en circunstancias diversas, generando una profunda preocupación y poniendo a prueba los mecanismos de prevención, búsqueda y protección establecidos por el Estado y las organizaciones especializadas. Este fenómeno, aunque no siempre ha sido visibilizado en su magnitud, plantea interrogantes sobre la eficacia de las instituciones públicas, la política y el papel de la ciudadanía en la protección de los menores.

En el contexto español, las desapariciones de menores pueden deberse a múltiples causas: fugas voluntarias, secuestros parentales, captaciones por redes de explotación, accidentes o situaciones de vulnerabilidad extrema. A pesar de los esfuerzos institucionales y el desarrollo de protocolos de actuación, la complejidad de estos casos dificulta su resolución rápida y efectiva.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.147 denuncias por desapariciones en España de las cuales el 49,4% correspondieron a menores. Aunque la mayoría de estas desapariciones se resuelven a los pocos días, un porcentaje significativo permanece sin esclarecer, generando una incertidumbre que parece haberse enquistado, sin avances ni pistas que logren que las familias puedan ver un final. Actualmente según el informe del 2025 del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), existe un total de 6722 denuncias consideradas activas, es decir, casos de desaparición sobre los que existe una investigación policial en vigor. Las denuncias activas de menores representan el 45,7% del total, es decir actualmente todavía hay alrededor de 3068 casos activos relacionados con la desaparición de un menor.

Cada vez más, las publicaciones de alertas sobre una persona desaparecidas se hacen más visibles, ya no solo se ven en las calles, también aparecen en las redes sociales, dónde miles de personas llegan a interactuar con la publicación, generando un gran impacto en la ciudadanía sobre todo en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son los menores de edad, estos son los que están más presentes en internet y también los más vulnerables ante una desaparición.

Pese a la gravedad del asunto, difícilmente vemos casos que logren tener una relevancia y conocimiento nacional y es que, sin eso, muchos de estos caen en el olvido. Ante la desesperación de los familiares, son ellos mismos los que buscan la manera de seguir manteniendo la búsqueda activa, con la ayuda de las diferentes asociaciones que se han ido creando con voluntarios, psicólogos, padres afectados, abogados y servicios sociales. ANAR, SOS Desaparecidos, QSD Global y NISDE, son algunas de las asociaciones más grandes, que junto a los cuerpos de seguridad del estado y en CNDES trabajan por encontrar a todos los menores que se encuentran en paradero desconocido actualmente.